Documento que certifica que el inmueble se encuentra al corriente en sus pagos.
Este trámite se fundamenta en la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado, Artículos 23, 45 y 67, así como en el Reglamento Interior de la Secretaría, Capítulo III, Sección 2. La normatividad aplicable garantiza los derechos de los ciudadanos en sus gestiones ante las autoridades competentes.
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